Santo Domingo. En medio del proceso legislativo para definir la ley que regulará las candidaturas independientes, el tema del voto automatizado reapareció en el escenario político tras una sugerencia hecha por Samir Chami Isa, miembro titular del pleno de la Junta Central Electoral (JCE), quien planteó evaluar su implementación como respuesta al posible aumento de aspirantes en la boleta.
Chami Isa argumentó que, con el actual formato de boleta física, el proceso sería “insostenible” y complejo para los votantes, por lo que consideró necesario estudiar la alternativa del voto electrónico. Sin embargo, esta propuesta generó una inmediata respuesta del partido Fuerza del Pueblo, que expresó su rechazo total al uso de esa tecnología bajo el marco legal vigente.
A través de una comunicación firmada por su delegado político Manuel Crespo, el partido opositor afirmó que la introducción de este sistema violaría el artículo 265 de la ley 20-23, que exige consenso político previo para decisiones de esa naturaleza. La organización advirtió que se opondría con firmeza a cualquier intento de aplicar el voto electrónico, al que calificó como una posible “trama” contra la integridad electoral.
En respuesta, el presidente de la JCE, Román Jáquez, aclaró que la implementación de ese sistema no forma parte de los planes del órgano electoral, ya que no está contemplado en la legislación actual. Además, indicó que la sugerencia de Chami Isa fue hecha a título personal y no representa una postura institucional.
El debate revive el fallido intento de aplicar el voto automatizado en las elecciones de 2020, proceso marcado por fallos técnicos que derivaron en la suspensión de los comicios municipales y protestas sociales sin precedentes. Aunque auditorías posteriores, como la realizada por la OEA, concluyeron que no hubo sabotaje, los errores operativos afectaron gravemente la confianza en el sistema.
Por ahora, la JCE reitera que cualquier cambio en la modalidad de votación deberá contar con el consenso de todas las organizaciones políticas, como garantía de legitimidad para las elecciones de 2028.
